Resumen: Considera la actora que su relación laboral se encontraba suspendida por causa de riesgo durante el embarazo, de modo que no puede volver a suspenderse por inclusión en un ERTE, y, en consecuencia, las cantidades percibidas por este concepto por la Mutua deben considerarse debidas. En cambio, la trabajadora ya tenía reconocida la prestación durante el embarazo, pero ello no es óbice para que la empresa pueda tomar una decisión de suspensión por fuerza mayor, causa de naturaleza objetiva. No puede haber riessgo durante el embarazo si no hay actividad empresarial, luego no hay razón para continuar con el contrato suspendido por un riesgo que no existe. Debe recordarse que la situación protegida es el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambia de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. Obviamente el riesgo ha desaparecido cuando cesa la actividad empresarial porque falta la premisa en que se sustenta: existencia de actividad empresarial, pero con imposibilidad de cambiar de puesto. En definitiva, la actividad empresarial se configura como la premisa y presupuesto necesario del que nace la situación de riesgo. Por lo tanto, la inactividad determina la suspensión de la prestación por inexistencia de riesgo.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas restrictivas acordadas a partir de la finalización del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
